Es un hecho indiscutible que la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez supuso la inauguración de una etapa caracterizada por una forma de hacer política más propia de un caudillo que de un gobernante democrático.
Atrás quedaron los tiempos en los que, con más o menos énfasis, los gobernantes aparentaban tener límite a la hora de establecer acuerdos que les permitieran alcanzar y/o mantener el poder.
Atrás quedaron los tiempos en los que, por fuerza, por ley o por voluntad, los gobernantes se sometían al control parlamentario de sus actos.
Atrás quedaron los tiempos en los que los gobernantes no se hubieran atrevido a calificar de “socios preferentes” -la forma políticamente correcta de llamar a los cómplices de la traición- a quienes tienen como objetivo liquidar la nación española.
La llegada de Sánchez al Gobierno de España supuso desde el primer momento una ruptura con el espíritu y la letra de la Transición y un cuestionamiento del sistema del 78 que nos dimos los españoles al aprobar la Constitución. No es torpeza, es estrategia. Debilitar a España como nación y enfrentar a los españoles ha sido y es el objetivo del gran impostor para obtener reforzar su poder aunque el apoyo popular para su partido sea cada vez más escaso. Divide y vencerás es el lema del sanchismo.
Sánchez llegó al poder –primero en el PSOE , su banco de pruebas, y después al Gobierno- con el objetivo de culminar la estrategia diseñada y emprendida por Zapatero de hacer una segunda transición en la que el protagonismo –y el liderazgo- recayera en quienes trataron de boicotear la primera, en quienes se autoexcluyeron y en quienes llegaron a asesinar para impedir que en España se consolidara la democracia.
Sólo hay que hacer memoria para confirmar que esto es así. Los hechos acaecidos desde que Sánchez aprovechó un párrafo introducido por un juez amigo en una sentencia -que los tribunales obligaron posteriormente a retirar- acreditan esa pulsión rupturista de la convivencia entre españoles que inauguró Zapatero y a la que ha consagrado su vida Pedro Sánchez. Enfrentar a los españoles, resucitar las dos Españas, romper la unidad de la nación que garantiza la igualdad a todos los españoles, liquidar la separación de poderes, huir del control parlamentario, situar como socios preferentes y en el centro de las políticas de Estado a los enemigos del Estado -ya sea porque han dado un golpe que prometen repetir, ya sea porque se sienten herederos orgullosos de quienes han asesinado a 857 españoles inocentes- ha sido la constante del Gobierno que preside este gran impostor que es hoy el propietario del otrora Partido Socialista Obrero Español, convertido en una sociedad limitada cuyas acciones pertenecen a la familia Sánchez-Gómez.
Todas las luces de alarma debieran estar encendidas a estas alturas. Nos equivocaremos si juzgamos los últimos episodios alrededor de los “acuerdos” para sacar adelante los Presupuestos como un ejemplo más de mercadeo en el que los nacionalistas siempre sacan beneficio. Ya no se trata únicamente de dar más dinero a aquellos que lo utilizarán para dividir y establecer mayores cuotas de desigualdad entre españoles, a quienes despilfarran, a quienes levantan fronteras dentro de nuestro país… Todo eso, siendo importante, no es en este momento lo más grave. La traición perpetrada por Sánchez desde que llegó al Gobierno se visualiza con toda crudeza en las cuentas públicas de este año: siguen sumando cesión de soberanía a favor de quienes tienen en su ideario político la ruptura de la unidad de la nación. Repasen las cesiones conocidas a día de hoy –después vendrán otras- a los nacionalistas del PNV y a los golpistas de ERC. Todas ellas, desde la gestión del Ingreso Mínimo Vital, las prisiones o la Seguridad Social a las cuotas de lenguas cooficiales en Netflix o HBO, representan, sobre todo, cesión de soberanía.
Atrás quedaron los tiempos en los que los Gobiernos buscaban acuerdos y socios para sacar adelante sus propuestas. Hoy los Presupuestos (como el resto de leyes importantes, piensen por ejemplo en la de Educación) se elaboran con el objetivo de debilitar al Estado y su capacidad para garantizar la igualdad entre españoles. La ruptura de España es la ruptura de la cohesión entre ciudadanos, entre generaciones y entre territorios. No hace falta dibujar mapas o fronteras nuevas; si se rompe la igualdad y la cohesión entre españoles, se rompe España. Y ese es el camino diseñado y puesto en marcha por Sánchez y sus cómplices. Porque, llamemos a las cosas por su nombre, desde que Sánchez lo preside el Gobierno de España no tiene socios sino que tiene cómplices, lo que resulta coherente teniendo en cuenta que ha sido condenado tres veces por el Tribunal Constitucional por cometer actos que vulneran los derechos fundamentales de los españoles.
Esto es lo que hay. Un Gobierno que nos está robando los derechos de ciudadanía y que lleva años limitando –o suspendiendo, como acaba de sentenciar el TC- nuestra capacidad para intervenir a través de nuestros representantes en los asuntos que nos afectan a todos.
Sí, es lo que hay: una nación de ciudadanos libres e iguales que un grupo de socialistas, borrachos de ambición de poder y ayunos de escrúpulos, ha puesto en venta. No sé qué más tiene que ocurrir para que actuemos en defensa de la obra de varias generaciones de españoles que se empeñaron en soldar y cohesionar el país. Orwell decía que las sociedades no se rebelan hasta que no tienen conciencia de su fuerza. ¿Será que Sánchez y sus cómplices están consiguiendo que nos resignemos y tiremos la toalla? Espero que no.
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